EL WOLFIE SACRIFICADO

El Wolfie sacrificado 05/09/07 Naomi Klein / La Jornada No es el acto en sí, sino la hipocresía. Esa es la frase sobre Paul Wolfowitz, proveniente de las páginas editoriales de distintas partes del mundo. No es ninguno de los dos: no es el acto (no hacer caso de las reglas, para conseguirle a su novia un aumento salarial) ni la hipocresía (el hecho de que la misión de Wolfowitz como presidente del Banco Mundial es luchar por un "buen gobierno"). Primero, deshagámonos del supuesto problema de hipocresía. "¿Quién quiere ser sermoneado por alguien que dice 'haz lo que digo, no lo que hago'?", preguntó un periodista. Nadie, claro. Pero esa es una descripción bastante buena del juego de pókar de prendas (en el que sólo uno de los jugadores se quita las prendas) que representa nuestro sistema de comercio global, en el cual Estados Unidos y Europa —a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC)— le dicen al mundo en desarrollo: "Quita tus barreras comerciales y nosotros dejamos las nuestras". Desde los subsidios agrícolas al escándalo de Dubai Ports World, la hipocresía es el principio rector de nuestro orden económico. El único crimen de Wolfowitz fue tomarse a pecho la postura internacional de su institución. El hecho de que su respuesta al escándalo fue contratar un abogado de celebridades y buscar un "entrenador" de liderazgo simplemente aporta mayor evidencia de que absorbió por completo los modos del Banco Mundial: cuando dudes, despilfarra el presupuesto en consultores excesivamente caros y llámalo "ayuda". La más seria mentira, que está en el meollo de la controversia, es la insinuación de que el Banco Mundial era una institución con impecables credenciales éticas —hasta que, según 42 ex ejecutivos del Banco— Wolfowitz puso su credibilidad "fatalmente en duda". (Muchos liberales estadunidenses, adictos al efímero prendón que produce forzar a neoconservadores a renunciar, se agarraron de este cuento de hadas.) La verdad es que la credibilidad del Banco ya estaba fatalmente en duda desde que impuso que los estudiantes de Ghana pagaran cuotas escolares a cambio de un préstamo; desde que demandó que Tanzania privatizara su sistema potable; desde que hizo que la privatización de las telecomunicaciones fuese una condición para otorgar la ayuda por el Huracán Mitch; desde que demandó "flexibilidad" laboral, tras el tsunami asiático en Sri Lanka; desde que empujó a que se eliminaran los subsidios alimenticios en el Irak post-invasión. A los ecuatorianos les importa muy poco la novia de Wolfowitz; más apremiante es que en 2005 el Banco retuvo los 100 millones de dólares prometidos, después de que el país se atrevió a gastar una porción de sus ingresos petroleros en salud y educación. Vaya organización contra la pobreza. Pero el área en el cual el Banco Mundial tiene menor autoridad moral es en la lucha contra la corrupción. Casi en todos lados en donde ha habido un masivo saqueo estatal en las pasadas cuatro décadas, el Banco y el FMI han sido los primeros en la escena del crimen. Y, no, no miraron para el otro lado mientras los lugareños se forraban los bolsillos; escribían las reglas del juego para el robo y exclamaban, "¡más rápido, por favor!" Se trata de un proceso conocido como terapia de shock. Rusia, bajo el liderazgo del recién fallecido Boris Yeltsin, fue un buen ejemplo. Comenzando en 1990, el Banco encabezó la cargada para que la ex Unión Soviética impusiera inmediatamente lo que llamó una "reforma radical". Cuando Mijail Gorbachov se rehusó a seguir el plan, Yeltsin se ofreció. Ese hombre buldozer no dejaba que nada ni nadie -incluyendo a los políticos rusos con cargos de elección popular- se interpusiera en el camino del programa de Washington. Después de que ordenó que los tanques del ejército abrieran fuego sobre los manifestantes en octubre de 1993, matando a cientos y dejando al Parlamento ennegrecido por las llamas, el escenario estaba puesto para las privatizaciones, en venta de liquidación, de los más preciados bienes estatales de Rusia, en favor de los llamados oligarcas. Claro, el Banco estaba ahí. Respecto del frenesí por hacer leyes (sin la más mínima democracia) que siguió al golpe de Yeltsin, Charles Blitzer, el jefe economista del Banco Mundial en Rusia, le dijo al Wall Street Journal: "No me había divertido tanto en toda mi vida". Cuando Yeltsin dejó el puesto, su familia se había vuelto inexplicablemente rica, y varios de sus subordinados estaban enredados en escándalos de sobornos. Estos incidentes fueron registrados en Occidente, como siempre lo son, como desafortunados detalles locales en un proyecto de modernización económica que, por lo demás, era ético. De hecho, la corrupción estaba incrustada en la idea misma de la terapia de shock. La torbellinesca velocidad del cambio era crucial para superar el rechazo generalizado a las reformas, pero también implicaba que, por definición, no podía haber descuido alguno. Además, los sobornos a los funcionarios locales eran un incentivo indispensable para que los apparatchiks de Rusia crearan la completa apertura de mercado que Washington demandaba. A final de cuentas, hay buenas razones para que la corrupción nunca sea una prioridad para el Banco y el FMI: sus funcionarios entienden que cuando reclutan políticos para que promuevan una agenda económica que se sabe que les granjeará furiosos enemigos en casa, normalmente tiene que haber alguna recompensa en las cuentas bancarias en el extranjero de aquellos políticos. Rusia está lejos de ser única: desde el dictador chileno, Augusto Pinochet, quien acumuló más de 125 cuentas bancarias mientras construía el primer estado neoliberal; la Argentina del presidente Carlos Menem, que conducía un Ferrari Testarossa rojo mientras aniquilaba su país; a los "miles de millones faltantes" en el Irak de hoy; en todos los países hay una clase de políticos ambiciosos, con mentes sangrientas, que están dispuestos a desempeñarse como los subcontratistas del Occidente. Cobrarán sus honorarios, y esos honorarios se llaman corrupción: el silencioso pero siempre presente compañero en la cruzada por privatizar el mundo en desarrollo. Las tres instituciones principales en el centro de esa cruzada están en crisis, no por las pequeñas hipocresías sino por las grandes. La OMC no puede volver a encarrilarse, el FMI se va a la bancarrota, desplazada por Venezuela y China. Y ahora el Banco se hunde. The Financial Times reporta que cuando los gerentes del Banco Mundial repartieron consejos, "ahora se rieron de ellos". Quizá todos deberíamos reírnos del Banco. Sin embargo, lo que definitivamente no deberíamos hacer es participar en el esfuerzo por limpiar la ruinosa historia del Banco repitiendo la absurda narrativa de que la reputación de una organización contra la pobreza, por lo demás loable, ha sido mancillada por un hombre. El Banco, comprensiblemente, quiere echar por la borda a Wolfowitz. Yo digo, que se hunda el barco con el capitán. © 2007 Naomi Klein, www.nologo.org Esta columna fue publicada originalmente en inglés en www.thenation.com. Traducción: Tania Molina Ramírez/La Jornada

Enmienda Platt Ley de Estados Unidos impuesta como apéndice a la Constitución cubana a principios del siglo XX, bajo la amenaza de que, si no la aceptana, Cuba seguiría ocupada militarmente. El 25 de febrero de 1901 el Comité de Asuntos Cubanos del senado norteamericano aprobó una enmienda insertada a la Ley de Gastos del Ejército, cuyo texto era inaceptable para los cubanos que habían luchado durante 30 años por independizar a Cuba de España. El artículo primero prohibía al gobierno de la Isla concertar con gobiernos extranjeros tratados o convenios que menoscabaran la independencia nacional y significaran la cesión de parte de su territorio. Este artículo era contradictorio, pues en esencia la Enmienda Platt que lo contenía menguaba la soberanía de Cuba. El artículo segundo prohibía al gobierno cubano contraer deudas por encima de su capacidad de pago de intereses y de amortización. El tercero -nervio de la Enmienda- concedía a Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en la Isla cuando peligraran, a su juicio, la vida, la propiedad o las libertades individuales. El cuarto convalidaba todos los actos realizados por el gobierno militar norteamericano. El quinto disponía que Cuba quedaba obligada a atender con preferencia la sanidad de sus poblaciones para proteger el comercio y el pueblo del sur de los Estados Unidos. Los cubanos eran presentados como horda incivilizada que vivía gustosa sin condiciones higiénicas mínimas, que sus "protectores" se veían en la necesidad de imponerle. El artículo sexto reflejaba el error geográfico cometido, tanto por España como por los libertadores cubanos, al considerar que Cuba era una isla y no un archipiélago. Los norteamericanos se aprovecharon de ello para disponer que el status de Isla de Pinos (actual Isla de la Juventud) sería determinado en un futuro tratado. El artículo séptimo -único que, de hecho y contra la voluntad del pueblo cubano sigue ejerciendo su nefasta vigencia en la Base Naval de Guantánamo, establecía la cesión de porciones de suelo cubano para ubicar estaciones navales o carboneras norteamericanas. El octavo disponía que los artículos anteriores debían ser incluidos en un tratado permanente entre Cuba y Estados Unidos. El 2 de marzo de 1901 el Congreso norteamericano aprobó definitivamente la enmienda, que fue sancionada de inmediato por el Presidente y convertida en ley de Estados Unidos. En masivas manifestaciones el pueblo cubano se manifestó contra la decisión del gobierno de EE.UU., que malograba la independencia conquistada con tanto sacrificio. Después de intensos y acalorados debates, la Asamblea Constituyente cubana aprobó por escaso margen la inclusión de la enmienda en la Carta Magna. La mayoría de quienes votaron a favor declararon que lo hacían para evitar que la ocupación militar norteamericana se extendiera indefinidamente. Un acertado juicio sobre la significación de este proceso lo hizo, precisamente, el general Leonard Wood, gobernador militar de la Isla durante la ocupación norteamericana: "Por supuesto, que a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt y lo único indicado ahora es buscar la anexión. Esto, sin embargo, requerirá algún tiempo y durante el período en que Cuba mantenga su propio gobierno, es muy de desear que tenga uno que conduzca a su progreso y a su mejoramiento. No puede hacer ciertos tratados sin nuestro consentimiento, ni pedir prestado más allá de ciertos límites y debe mantener las condiciones sanitarias que se le han preceptuado, por todo lo cual es bien evidente que está en lo absoluto en nuestras manos y creo que no hay un gobierno europeo que la considere por un momento otra cosa sino lo que es, una verdadera dependencia de los Estados Unidos, y como tal es acreedora de nuestra consideración. Con el control que sin duda pronto se convertirá en posesión, en breve prácticamente controlaremos el comercio de azúcar en el mundo. La isla se norteamericanizará gradualmente y, a su debido tiempo, contaremos con una de las más ricas y deseables posesiones que haya en el mundo...".

La otra guerra: Niños, niños 04/24/07 Por Juan Gelman / Página 12 El escándalo de las ventas clandestinas de petróleo iraquí bajo Saddam Hussein y los presuntos sobornos a altos funcionarios de las Naciones Unidas y aun a grandes empresas como Siemens en el marco del programa “Petróleo por alimentos” que estableció el Consejo de Seguridad de la ONU en 1996 y se extendió hasta la ocupación norteamericana encubre otros escándalos. El primero: las sanciones que el Consejo de Seguridad impuso en 1990 al régimen autocrático de Bagdad por invadir Kuwait provocaron la muerte de más de medio millón de niños iraquíes por desnutrición y falta de atención médica adecuada. La investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, María Cristina Rojas, señaló que, en razón de estas sanciones, Irak no recibió ninguna clase de asistencia internacional para su sistema de salud. Hans von Sponeck, ex secretario general adjunto de la ONU en su calidad de coordinador de la asistencia humanitaria al país árabe, tampoco ahorra acusaciones ni cifras contundentes en su libro A differente war: The UN sanctions regime in Irak (Berghahn Books, 2006). En los años ’80, bajo Saddam Hussein, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) determinó que la tasa de mortalidad infantil de niños menores de cinco años era del 25 por mil. Durante los 13 años de aplicación de las sanciones del Consejo de Seguridad, esa tasa ascendió al 56 por mil a comienzos de los años ’90 y se duplicó con creces en el 2006, después de tres años de ocupación: llegó al 130 por mil, según cifras oficiales del Ministerio de Salud iraquí, ubicando al país en este rubro muy por debajo de la pobrísima Botswana. Cabe recordar que la Casa Blanca prometió en el 2005 reducir dicha tasa a la mitad. Claro que las promesas sólo comprometen a quienes las escuchan, decía el ex primer ministro francés Henri Queuille. La clase de libertad y democracia que W. Bush exportó a Irak ha desembocado en una guerra civil y los cuatro años de ocupación no trajeron precisamente felicidad a los niños iraquíes. Según el Unicef, el 30 por ciento de los menores de 5 años de edad padece desnutrición aguda o crónica. Otros sufren la llamada “hambre oculta”, es decir, la falta de vitaminas y minerales básicos para su desarrollo físico, psíquico e intelectual. Hayder Hussainy, alto funcionario del Ministerio de Salud de Irak, ha declarado que alrededor de la mitad de los niños está afectada por una u otra forma de desnutrición (www.phmovement.org/en/node/317, 26-3-07). Y hay padecimientos que no se les puede medir. La Asociación de Psicólogos de Irak (AIP, por sus siglas en inglés) dio a conocer en marzo un estudio titulado “Los efectos psicológicos de la guerra” para el cual se entrevistó a más de mil niños en las 18 provincias del país: el 92 por ciento encuentra dificultades para estudiar, sobre todo a causa del clima imperante de miedo y de inseguridad. “Lo único que tienen en la cabeza son armas, balas, muerte y miedo a la ocupación norteamericana”, manifestó Marwan Abdullah, miembro de la AIP, al semanario cairota Al Ahram. No es difícil imaginar a qué juegan esos niños. Lo difícil es imaginar qué sienten cuando van a la escuela –si van– y deben pasar por encima de cadáveres tirados en la calle. Y nadie sabe cuántos de ellos han muerto desde que comenzó la ocupación. Las marcas físicas de la guerra están perfectamente a la vista en morgues, hospitales y noticieros de televisión, pero no los traumas mentales y afectivos que provoca. Nadie cuenta las pesadillas de esos niños, sus ataques de pánico, la súbita mudez que los aqueja o la violencia que se infligen entre ellos (The Guardian, 6-2-07). Tampoco el incremento de la prostitución infantil y/o el secuestro y la servidumbre sexual de menores de 13 años para servir a los pedófilos (Red de Información Regional Integrada de la ONU, agosto del 2005). Total, son “daños colaterales” invisibles. Se estima que el 30 por ciento de la población de Irak vive en extrema pobreza, como hoy se bautiza gentilmente a la miseria. El número de desplazados dentro y fuera del país asciende a más de cuatro millones de iraquíes (oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 16-4-07). Faltan alimentos, agua, electricidad, porque los bombardeos estadounidenses han destruido una buena parte de esas infraestructuras. El estado del sistema de salud es pavoroso: en marzo del 2006, la ONG británica Medact declaró que 18.000 médicos, de los 34.000 que había, dejaron el país. El lunes 9 de abril, aniversario de la caída de Saddam Hussein, decenas de miles de iraquíes salieron a las calles en una manifestación que para Gordon Johndore, secretario de prensa de la Sra. Laura Bush demostraba que “Irak es ahora un lugar donde el pueblo se puede reunir y expresar sus opiniones libremente”. Sólo que las consignas coreadas por los manifestantes eran “No, no a EE.UU./ sí, sí a la libertad” o “Los ocupantes deben irse de Irak”. La proporción de iraquíes que desean librarse de guerreros “visitantes” que nunca fueron invitados ascendió del 51 por ciento en el 2005 al 65 por ciento en el 2006 y al 78 por ciento en lo que va de este año (encuesta de D3 Systems para BBC, ABC News, ARD de la TV alemana y USA Today realizada en todas las provincias de Irak del 25-2 al 5-3-07, www.np.org, 9-4-07). Pareciera que los libertados no quieren a sus libertadores.

Indocumentados, soldados y mutilados... ganan batalla por la ciudadanía 03/14/07 Agencias Dos soldados mexicanos que ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños, primero se tuvieron que convertir en héroes militares, tras ser mutilados en Irak, antes de volverse ciudadanos de su nación adoptiva. Se trata de los soldados Eduardo García González, de 21 años, natural de Guadalajara, estado de Jalisco, y Angel Regalado Contreras, 26, de Dolores, Hidalgo. Junto con ellos, en una ceremonia presidida por el secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Michael Chertoff, adoptaron también la ciudadanía el sargento primero Carlos Lopes, 25, de Portugal, y la soldado Dwishnicka Randolph, 26, de Haití. Inicialmente, el hospital militar Walter Reed (envuelto recientemente en un escándalo por los pésimos servicios brindados a los soldados heridos en Irak), que promovió la ceremonia, había anunciado la participación del salvadoreño José Morales, pero no dio una explicación formal sobre su ausencia. Fuentes militares presentes dijeron, sin embargo, que Morales, quien vive en Texas, no había completado aún el procedimiento correspondiente de inmigración. "Estos soldados reflejan en muchos aspectos el rostro de Estados Unidos", dijo Chertoff. "La diversidad de procedencias y el aporte personal de cada uno ha hecho a este país lo que es", según la agencia AP. Los cinco fueron combatientes en Irak, donde resultaron heridos y evacuados al hospital, una instalación militar rodeada en estos días de un escándalo burocrático por las precarias instalaciones para atender a los heridos en guerra. Regalado, quien ingresó al Ejército a los 19 años como camionero, fue enviado seis años más tarde a Irak después de haber servido en diversos batallones en Estados Unidos y Europa. Fue herido de gravedad en las piernas y cadera en julio de 2006 por un explosivo que estalló debajo de su vehículo, y desde entonces se encuentra en el hospital en Washington y camina con bastón. García era miembro de una división aerotransportada en Irak y también en julio de 2006 fue afectado por una dolencia renal y se mantiene desde entonces bajo tratamiento con diálisis en el hospital. "Así como yo hay muchos hispanos que quieren entrar al Ejército y hacerse ciudadanos", dijo Regalado, quien cruzó la frontera ilegalmente en 1988, a los 8 años, y vive con sus padres en Simi Valley, California. "Pero para entrar a las Fuerzas Armadas se requiere ser residente". García, quien vive con sus padres en Anaheim, California, pero tiene todavía "mucha familia" en México, dijo que cruzó la frontera como indocumentado a los 6 años.

El silencio cómplice El Comandante en Jefe Fidel Castro denunció el grave peligro que se cierne sobre la humanidad a partir de las amenazas del imperialismo norteamericano contra Irán y la profunda crisis en que ha sumido a la economía mundialVer video completo

VIDEO DE FIDEL Y CHAVES

Video del encuentro que sostuvieron este sábado en la Habana, los presidentes cubanos Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez Descargar video

DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (ONU)

Texto completo del importante documento Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU) La Asamblea General, guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta , Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad, Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas, Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación, Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses, Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de la vida, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos, Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados, Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran, Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades, Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente, Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del mundo, Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos del niño, Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, asuntos de preocupación, interés y responsabilidad internacional, y tienen carácter internacional, Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, y las relaciones que éstos representan, sirven de base para el fortalecimiento de la asociación entre los pueblos indígenas y los Estados, Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1), así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena (2) afirman la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural, Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad con el derecho internacional, Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe, Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados, Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en esta esfera, Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos, Reconociendo también que la situación de los pueblos indígenas varía según las regiones y los países y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales, Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo: Artículo 1 Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (3) y la normativa internacional de los derechos humanos. Artículo 2 Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena. Artículo 3 Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Artículo 6 Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. Artículo 7 1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona. 2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo. Artículo 8 1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura. 2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica; b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos; c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; d) Toda forma de asimilación o integración forzadas; e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos. Artículo 9 Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho. Artículo 10 Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso. Artículo 11 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. 2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. Artículo 12 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados. Artículo 13 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. Artículo 14 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma. Artículo 15 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Artículo 16 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. Artículo 17 1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. 2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus derechos. 3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario. Artículo 18 Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. Artículo 19 Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado. Artículo 20 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. 2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa. Artículo 21 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas. Artículo 22 1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades indígenas en la aplicación de la presente Declaración. 2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación. Artículo 23 Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. Artículo 24 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de vista médico. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. 2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente la plena realización de este derecho. Artículo 25 Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. Artículo 26 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Artículo 27 Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. Artículo 28 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. 2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada. Artículo 29 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. 3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos. Artículo 30 1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. Artículo 31 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. 2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. Artículo 32 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. Artículo 33 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos. Artículo 34 Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 35 Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades. Artículo 36 1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras. 2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho. Artículo 37 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. 2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. Artículo 38 Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración. Artículo 39 Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración. Artículo 40 Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 41 Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan. Artículo 42 Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de la presente Declaración. Artículo 43 Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Artículo 44 Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas. Artículo 45 Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro. Artículo 46 1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas o se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes. 2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática. 3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe. 14/9/07